El alcance de los BEPS busca cubrir los cambios en la ley doméstica de los países, sus prácticas y en los tratados internacionales en materia tributaria. La ley doméstica es revisada por medio de recomendaciones, mientras que los tratados internacionales son abordados mediante el Instrumento Multilateral. Dicho Instrumento fue finalizado en 2016 y permite modificar los tratados que no se encuentran en línea con el Plan de Acción sin recurrir a rondas de negociación.
Es importante entender cómo la OCDE articula sus acciones en el contexto de los BEPS entre sus miembros, así como definir qué instancias están involucradas en el proceso.
Primero, el Marco Inclusivo de la OCDE establece recomendaciones sobre las implementaciones con el fin de reducir malentendidos y disputas entre los gobiernos involucrados. Reúne en el Comité de Asuntos Fiscales a todos los países y jurisdicciones comprometidos en el tema de la tributación internacional. Conoce más sobre cómo funciona la OCDE aquí.
En segunda instancia, se les proporciona una Revisión entre Pares a los miembros del Marco Inclusivo. Esta Revisión es un cuestionario en el que cada jurisdicción evalúa sus leyes domésticas y los acuerdos internacionales en materia tributaria de los que son partes. El resultado es compartido en un documento final con el fin de evaluar el progreso de la implementación del paquete de los BEPS.
Algunos de los avances más relevantes en la evolución del paquete de los BEPS es que después de la primera Revisión, en 2018, habían 116 jurisdicciones miembros del Marco Inclusivo. Durante este periodo, las provisiones del Mecanismo Multilateral, no habían tomado efecto puesto que la mayoría de los acuerdos firmados por los miembros no cumplían con los estándares mínimos.
En la segunda Revisión, en 2019, habían ya 91 miembros en el Marco Inclusivo, lo que generó la modificación de 60 acuerdos bilaterales.
Para 2020, 94 jurisdicciones partes de el Marco Inclusivo, ratificaron la Convención Multilateral para Aplicar Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Evitar la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”. En este contexto, la tasa de registro de quejas aumentó un 500% respecto al 2019.
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